¿En qué beneficiará la "Ley de Economía Sostenible" a las pymes?

Hoy se aprueba en el consejo de ministros, la Ley de Economía Sostenible. Las medidas que se recogen en materia de competitividad empresarial y productividad para las pymes son las siguientes:

Creación de nuevas empresas:

• Eliminación de trámites y reducción de su duración.
• Estandarización de estatutos y denominación social.
• Limitar la exigibilidad de las licencias municipales a determinados casos.
• Instrumentos menos intrusivos y más ágiles: Declaración de responsabilidad y comunicaciones de apertura.

Marco legal para la reducción de la morosidad:

• Evitar que los deudores utilicen plazos dilatados como mecanismo de financiación de bajo coste.
• Adaptación a la normativa comunitaria.
• Acortamiento de los plazos de pago de las Administraciones Públicas.
• Protección a las pymes de prácticas abusivas por parte de sus deudores.
• Regulación para denunciar posibles prácticas abusivas por parte de deudores.
• Potenciación de procedimientos abreviados para reclamar deudas a la Administración.

Apoyo a la internacionalización:

• Regulación de criterios de actuación del sector público.
• Actuaciones basadas en "interés nacional".
• Diseño de planes y programas para la internacionalización.
• Modernización del sistema financiero para la internacionalización.

Vivienda y construcción:

• Reorientación del sector hacia la rehabilitación y renovación urbana.
• Criterios de actuación por parte de las Administraciones Públicas en relación con el medio Urbano Sostenible.
• Objetivos: mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad e incorporación de nuevas tecnologías en las edificaciones.

Por otra parte, en materia fiscal se incluirán las siguientes medidas de estímulo:

• Incentivos en el IRPF para el fomento del alquiler de viviendas.
• Rebaja de 5 puntos porcentuales en la tributación de pymes que mantengan o creen empleo en el periodo 2.009 - 2.011, en el impuesto de sociedades.
  
• Rebaja de 5 puntos para autónomos que mantenga o creen empleo en el periodo 2.009 - 2011.
• Rebaja en el IRPF por el uso del transporte público.
• Mejora de la fiscalidad medioambienta.

En el ante-proyecto de ley se recogen medidas en otras materias.

Medidas contra la morosidad en la Ley de Economía Sostenible

La Vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, anunció recientemente, que la nueva ley de Economía Sostenible, incluirá "importantes medidas" contra la morosidad. Estaremos atentos, porque previsiblemente se apruebe en el consejo de ministros de mañana viernes, 27 de noviembre de 2009.

Salgado, declaró que la reducción de la morosidad es uno de los factores más importantes para la reducción de la morosidad, y que son las administraciones públicas las que tienen que dar ejemplo.

Algo que debería suceder sin esperar a tener ninguna ley, que regule el cumplimiento de pago de la administración, pues son los organismos públicos quienes lideran el ranking de morosidad, que afecta muy significativamente a las pymes. En palabras de la propia Vicepresidenta "están axfisiando a la pequeña y medianta empresa".

Esperemos estas nuevas medidas, porque en una cosa si lleva razón la titular de Economía, y es que hay que acabar con la morosidad para salir de la crisis.

La puerta falsa de la Ley de Morosidad

La nueva Ley de Morosidad, deja bien claro que los pagos aplazados quedan limitados a 30 días. Sin embargo, deja abierta la puerta a lo que acuerden las partes, pudiendo ser el plazo mayor si ambas así lo aceptan.

Lo que acuerden las partes siempre estará condicionado por el que más fuerza en la negociación tenga de los dos. En general, será el vendedor quien tenga que ceder al capricho del comprador, si no quiere perder la venta. Por tanto, la medida que impulsa esta ley se queda en "paños calientes".

Otro punto flaco es el reconocimiento al acreedor del derecho a cobrar intereses. Sin embargo, no indica claramente a cuanto ascenderán estos, ni el tipo aplicable de referencia, ni establece en base a qué serán calculados.

Si que deja claro, que en caso de pactar un aplazamiento superior al marcado por ley (30 días) de mutuo acuerdo las partes, no se podrán reclamar intereses por ese exceso.

Estas "lagunas" y otras que dejan las leyes en general, son salvables si el conflicto se somete al arbitraje de equidad. La equidad faculta al árbitro para aplicar la ley y además aplicar lo que a su juicio (y nunca mejor dicho) considere justo.

Por ejemplo, en el caso de los intereses por demora, lo justo es que el deudor abone los intereses íntegros correspondientes a todo el tiempo que se demore la liquidación de la deuda, y no solo a los 30 dias marcados por ley.

Sin embargo, ni la legislación ni el arbitraje son aplicables a los mayores deudores morosos de España, que son los Ayuntamientos y demás instituciones públicas.

Sería necesario comenzar por ahí. Normalizando y legislando sobre los aplazamientos y demoras en el pago de deudas de las administraciones públicas; porque son los mayores causantes de la falta de liquidez en más de una empresa, obligando a estas a buscar financiación.

Como los tiempos que corren no están para buscar financiación, a menos que tengan la fortuna que se les aparezca toda la corte celestial, las empresas acreedoras de las instituciones públicas se ven obligadas a incumplir sus compromisos de pago con sus proveedores, y así comenzamos un efecto dominó, que alcanza a todas las empresas.

Una medida importante que habría que adoptar contra la crisis es la obligación de cumplir el pago de deudas, por parte de las Administraciones, según ley. Es decir, en 30 días.

Otra medida no compete a los órganos de gobierno, sino a los empresarios en general, y sería la mentalización de que los tiempos han cambiado para siempre, y quien necesite financiación debe buscarla en las entidades financieras (muy difícil) u otras alternativas de financiación (que las hay).